O texto de referencia
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1985.html
Análise
http://www.aceproject.org/main/espanol/es/esy_es.htm
http://www.wikilearning.com/apuntes/los_cleavage_politicos_en_la_historia_contemporanea_espanola-politica_y_gobierno_en_espana_el_sistema_electoral/11326-26
As críticas
http://www.informativos.telecinco.es/dn_62732.htm
http://www.galeon.com/ocdm/sistema.html
http://www.laventanita.net/Noticia.asp?IdN=356
http://es.noticias.yahoo.com/ep/20080310/tlc-luquin-lamenta-el-bipartidismo-criti-14dfdcb.html
http://www.publico.es/espana/049833/llamazares/apela/voto/de/corazon
Ou as defensas
http://www.elpais.com/articulo/espana/IU/le/salen/cuentas/elpepinac/20080311elpepinac_24/Tes/
7 comentarios:
LEY ELECTORAL ESPAÑOLA
En España para el Congreso tenemos un sistema electoral que pertenece a los llamados proporcionales que funcionan mediante listas. El elector vota una lista que es cerrada (no se puede añadir nombres de otras listas) y bloqueada (no se puede cambiar el orden de los nombres de la lista). Resultan elegidos unos candidatos de cada una de las listas en proporción al número de votos que haya recibido cada lista.
Los graves defectos que ofrece este sistema electoral son tres: la deficiente representatividad del sistema en su conjunto; la deficiente libertad del elector que tiene que elegir entre listas bloqueadas y cerradas; la deficiente proporcionalidad de la relación entre escaños o puestos en el parlamento y votos.
Lo que el sistema electoral español permite es que el pueblo elija una vez cada cuatro años (o antes) qué persona o qué partido va a encargarse de gobernar el Reino. Precisamente la preocupación de que las elecciones sirvan para designar un Gobierno fue el argumento para adoptar en las primeras elecciones democráticas de junio de 1977 -y mantener luego- el método D'Hondt que prima a los partidos mayoritarios.
El segundo de los defectos: la poca libertad del votante al tener que elegir entre listas cerradas y bloqueadas (excepto en el caso del Senado que la lista es abierta pues cada votante puede hacer su propia lista). Son los partidos y, todavía peor, las jerarquías de los partidos quienes controlan las elecciones -controlan las listas de candidatos- y controlan a los elegidos. Al pueblo sólo le queda aprobar o rechazar lo que hagan o propongan los partidos.
Es muy conocida la crítica a la proporcionalidad de nuestro sistema electoral. No es necesario repetirla. Para los propósitos de este artículo nos basta con recordar, a modo de ejemplo y redondeando los números, que en las pasadas elecciones de 2000 al PP le ha "costado" un escaño por Soria 15.796 votos, mientras que ha tenido que "pagar" por cada escaño de Madrid 84.887 votos, lo cual equivale a decir que el voto de un soriano vale cinco veces más que el voto de un madrileño; que en Barcelona el PSC-PSOE ha conseguido 12 escaños con 903.792 votos, lo que equivale a decir que ha "pagado" 75.316 votos por escaño, mientras que la ERC con 130.000 votos sólo ha conseguido un escaño: si hacemos una media general de los votos obtenidos en el conjunto del Reino, cada diputado del PP tiene tras sí 55.903 votos, mientras que el único diputado de ERC está respaldado por 193.626 votos y al único diputado del Partido Andalucista le respaldan 205.733 votos. Izquierda Unida con 1.253.859 votos consigue 8 escaños, mientras que Convergencia y Unión con 964.990 votos consigue 15 y el PNV con 351.816 votos consigue 7. Es evidente que no es democrático -porque la democracia se basa en el principio de la igualdad- que un votante del PNV valga como cuatro de IU. Algo funciona mal en el sistema electoral español.
Hay además otro problema del que se habla poco. Es el problema de lo que técnicamente se llaman los "restos", es decir, los votos legal y efectivamente emitidos, pero que no han encajado en los cauces del sistema electoral y, consiguientemente, no han tenido efectos electorales. Son votos no utilizados o perdidos. He aquí un tema importante para reflexionar. Tendríamos que empezar reconociendo que en todo sistema electoral puede haber unas pérdidas justificadas o razonables, pues razonable parece lo dispuesto en el art. 163, 1, a) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: no se tienen en cuenta aquellos votos que han ido a "candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3 por ciento de los votos válidos emitidos en la circunscripción".De modo general y aproximado se puede afirmar que en las pasadas elecciones más de 1.000.000 de votantes (eliminados ya los votantes marginales) se han quedado sin representantes en virtud del vigente sistema electoral; queremos decir que más de 1.000.000 de votantes han emitido su voto legalmente, pero el sistema electoral no les ha dado cabida. Lo que podríamos llamar violencia institucional del sistema electoral, esto es, la constricción práctica de la libertad del votante, es tan clara que, para salir al paso a este problema, se ha inventado la expresión, e incluso la teoría, del "voto útil". La teoría del "voto útil" le dice al votante: "Si Vd. vota la opción que realmente le gusta, si Vd. vota con plena libertad, su voto se pierde, su voto es inútil; vote a nuestro partido, aunque le guste menos, para que su voto sirva para algo".El elector puede pensar que, en la inmensa mayoría de los casos, un voto más o menos no cambia el resultado; que si se hubiera quedado en casa, los resultados hubieran sido los mismos. Todavía puede ser mayor la sensación de inutilidad e impotencia cuando el votante, pasadas ya las elecciones, sigue la gestión de sus representantes en las Cortes. Difícilmente el votante se identifica con el resultado de una votación en cualquiera de las dos cámaras representativas y difícilmente se siente responsable de haber contribuido a dicho resultado. Una vez terminadas las elecciones, el ciudadano pasa de votante a espectador.
Decimos que nuestra democracia representativa es imperfecta. Decimos todavía más: buena parte de esta imperfección democrática es insuperable en cualquiera de los sistemas electorales hasta ahora empleados, incluso si los reformamos. Ahora bien, ¿estamos obligados a seguir empleando estos sistemas electorales? No. Las cosas pueden ser de otra manera.
Fernando y Luciano
LEY ELECTORAL ESPAÑOLA
En España para el Congreso tenemos un sistema electoral que pertenece a los llamados proporcionales que funcionan mediante listas. El elector vota una lista que es cerrada (no se puede añadir nombres de otras listas) y bloqueada (no se puede cambiar el orden de los nombres de la lista). Resultan elegidos unos candidatos de cada una de las listas en proporción al número de votos que haya recibido cada lista.
Los graves defectos que ofrece este sistema electoral son tres: la deficiente representatividad del sistema en su conjunto; la deficiente libertad del elector que tiene que elegir entre listas bloqueadas y cerradas; la deficiente proporcionalidad de la relación entre escaños o puestos en el parlamento y votos.
Lo que el sistema electoral español permite es que el pueblo elija una vez cada cuatro años (o antes) qué persona o qué partido va a encargarse de gobernar el Reino. Precisamente la preocupación de que las elecciones sirvan para designar un Gobierno fue el argumento para adoptar en las primeras elecciones democráticas de junio de 1977 -y mantener luego- el método D'Hondt que prima a los partidos mayoritarios.
El segundo de los defectos: la poca libertad del votante al tener que elegir entre listas cerradas y bloqueadas (excepto en el caso del Senado que la lista es abierta pues cada votante puede hacer su propia lista). Son los partidos y, todavía peor, las jerarquías de los partidos quienes controlan las elecciones -controlan las listas de candidatos- y controlan a los elegidos. Al pueblo sólo le queda aprobar o rechazar lo que hagan o propongan los partidos.
Es muy conocida la crítica a la proporcionalidad de nuestro sistema electoral. No es necesario repetirla. Para los propósitos de este artículo nos basta con recordar, a modo de ejemplo y redondeando los números, que en las pasadas elecciones de 2000 al PP le ha "costado" un escaño por Soria 15.796 votos, mientras que ha tenido que "pagar" por cada escaño de Madrid 84.887 votos, lo cual equivale a decir que el voto de un soriano vale cinco veces más que el voto de un madrileño; que en Barcelona el PSC-PSOE ha conseguido 12 escaños con 903.792 votos, lo que equivale a decir que ha "pagado" 75.316 votos por escaño, mientras que la ERC con 130.000 votos sólo ha conseguido un escaño: si hacemos una media general de los votos obtenidos en el conjunto del Reino, cada diputado del PP tiene tras sí 55.903 votos, mientras que el único diputado de ERC está respaldado por 193.626 votos y al único diputado del Partido Andalucista le respaldan 205.733 votos. Izquierda Unida con 1.253.859 votos consigue 8 escaños, mientras que Convergencia y Unión con 964.990 votos consigue 15 y el PNV con 351.816 votos consigue 7. Es evidente que no es democrático -porque la democracia se basa en el principio de la igualdad- que un votante del PNV valga como cuatro de IU. Algo funciona mal en el sistema electoral español.
Hay además otro problema del que se habla poco. Es el problema de lo que técnicamente se llaman los "restos", es decir, los votos legal y efectivamente emitidos, pero que no han encajado en los cauces del sistema electoral y, consiguientemente, no han tenido efectos electorales. Son votos no utilizados o perdidos. He aquí un tema importante para reflexionar. Tendríamos que empezar reconociendo que en todo sistema electoral puede haber unas pérdidas justificadas o razonables, pues razonable parece lo dispuesto en el art. 163, 1, a) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: no se tienen en cuenta aquellos votos que han ido a "candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3 por ciento de los votos válidos emitidos en la circunscripción".De modo general y aproximado se puede afirmar que en las pasadas elecciones más de 1.000.000 de votantes (eliminados ya los votantes marginales) se han quedado sin representantes en virtud del vigente sistema electoral; queremos decir que más de 1.000.000 de votantes han emitido su voto legalmente, pero el sistema electoral no les ha dado cabida. Lo que podríamos llamar violencia institucional del sistema electoral, esto es, la constricción práctica de la libertad del votante, es tan clara que, para salir al paso a este problema, se ha inventado la expresión, e incluso la teoría, del "voto útil". La teoría del "voto útil" le dice al votante: "Si Vd. vota la opción que realmente le gusta, si Vd. vota con plena libertad, su voto se pierde, su voto es inútil; vote a nuestro partido, aunque le guste menos, para que su voto sirva para algo".El elector puede pensar que, en la inmensa mayoría de los casos, un voto más o menos no cambia el resultado; que si se hubiera quedado en casa, los resultados hubieran sido los mismos. Todavía puede ser mayor la sensación de inutilidad e impotencia cuando el votante, pasadas ya las elecciones, sigue la gestión de sus representantes en las Cortes. Difícilmente el votante se identifica con el resultado de una votación en cualquiera de las dos cámaras representativas y difícilmente se siente responsable de haber contribuido a dicho resultado. Una vez terminadas las elecciones, el ciudadano pasa de votante a espectador.
Decimos que nuestra democracia representativa es imperfecta. Decimos todavía más: buena parte de esta imperfección democrática es insuperable en cualquiera de los sistemas electorales hasta ahora empleados, incluso si los reformamos. Ahora bien, ¿estamos obligados a seguir empleando estos sistemas electorales? No. Las cosas pueden ser de otra manera.
Fernando y Luciano
LEY ELECTORAL ESPAÑOLA
En España para el Congreso tenemos un sistema electoral que pertenece a los llamados proporcionales que funcionan mediante listas. El elector vota una lista que es cerrada (no se puede añadir nombres de otras listas) y bloqueada (no se puede cambiar el orden de los nombres de la lista). Resultan elegidos unos candidatos de cada una de las listas en proporción al número de votos que haya recibido cada lista.
Los graves defectos que ofrece este sistema electoral son tres: la deficiente representatividad del sistema en su conjunto; la deficiente libertad del elector que tiene que elegir entre listas bloqueadas y cerradas; la deficiente proporcionalidad de la relación entre escaños o puestos en el parlamento y votos.
Lo que el sistema electoral español permite es que el pueblo elija una vez cada cuatro años (o antes) qué persona o qué partido va a encargarse de gobernar el Reino. Precisamente la preocupación de que las elecciones sirvan para designar un Gobierno fue el argumento para adoptar en las primeras elecciones democráticas de junio de 1977 -y mantener luego- el método D'Hondt que prima a los partidos mayoritarios.
El segundo de los defectos: la poca libertad del votante al tener que elegir entre listas cerradas y bloqueadas (excepto en el caso del Senado que la lista es abierta pues cada votante puede hacer su propia lista). Son los partidos y, todavía peor, las jerarquías de los partidos quienes controlan las elecciones -controlan las listas de candidatos- y controlan a los elegidos. Al pueblo sólo le queda aprobar o rechazar lo que hagan o propongan los partidos.
Es muy conocida la crítica a la proporcionalidad de nuestro sistema electoral. No es necesario repetirla. Para los propósitos de este artículo nos basta con recordar, a modo de ejemplo y redondeando los números, que en las pasadas elecciones de 2000 al PP le ha "costado" un escaño por Soria 15.796 votos, mientras que ha tenido que "pagar" por cada escaño de Madrid 84.887 votos, lo cual equivale a decir que el voto de un soriano vale cinco veces más que el voto de un madrileño; que en Barcelona el PSC-PSOE ha conseguido 12 escaños con 903.792 votos, lo que equivale a decir que ha "pagado" 75.316 votos por escaño, mientras que la ERC con 130.000 votos sólo ha conseguido un escaño: si hacemos una media general de los votos obtenidos en el conjunto del Reino, cada diputado del PP tiene tras sí 55.903 votos, mientras que el único diputado de ERC está respaldado por 193.626 votos y al único diputado del Partido Andalucista le respaldan 205.733 votos. Izquierda Unida con 1.253.859 votos consigue 8 escaños, mientras que Convergencia y Unión con 964.990 votos consigue 15 y el PNV con 351.816 votos consigue 7. Es evidente que no es democrático -porque la democracia se basa en el principio de la igualdad- que un votante del PNV valga como cuatro de IU. Algo funciona mal en el sistema electoral español.
Hay además otro problema del que se habla poco. Es el problema de lo que técnicamente se llaman los "restos", es decir, los votos legal y efectivamente emitidos, pero que no han encajado en los cauces del sistema electoral y, consiguientemente, no han tenido efectos electorales. Son votos no utilizados o perdidos. He aquí un tema importante para reflexionar. Tendríamos que empezar reconociendo que en todo sistema electoral puede haber unas pérdidas justificadas o razonables, pues razonable parece lo dispuesto en el art. 163, 1, a) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: no se tienen en cuenta aquellos votos que han ido a "candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3 por ciento de los votos válidos emitidos en la circunscripción".De modo general y aproximado se puede afirmar que en las pasadas elecciones más de 1.000.000 de votantes (eliminados ya los votantes marginales) se han quedado sin representantes en virtud del vigente sistema electoral; queremos decir que más de 1.000.000 de votantes han emitido su voto legalmente, pero el sistema electoral no les ha dado cabida. Lo que podríamos llamar violencia institucional del sistema electoral, esto es, la constricción práctica de la libertad del votante, es tan clara que, para salir al paso a este problema, se ha inventado la expresión, e incluso la teoría, del "voto útil". La teoría del "voto útil" le dice al votante: "Si Vd. vota la opción que realmente le gusta, si Vd. vota con plena libertad, su voto se pierde, su voto es inútil; vote a nuestro partido, aunque le guste menos, para que su voto sirva para algo".El elector puede pensar que, en la inmensa mayoría de los casos, un voto más o menos no cambia el resultado; que si se hubiera quedado en casa, los resultados hubieran sido los mismos. Todavía puede ser mayor la sensación de inutilidad e impotencia cuando el votante, pasadas ya las elecciones, sigue la gestión de sus representantes en las Cortes. Difícilmente el votante se identifica con el resultado de una votación en cualquiera de las dos cámaras representativas y difícilmente se siente responsable de haber contribuido a dicho resultado. Una vez terminadas las elecciones, el ciudadano pasa de votante a espectador.
Decimos que nuestra democracia representativa es imperfecta. Decimos todavía más: buena parte de esta imperfección democrática es insuperable en cualquiera de los sistemas electorales hasta ahora empleados, incluso si los reformamos. Ahora bien, ¿estamos obligados a seguir empleando estos sistemas electorales? No. Las cosas pueden ser de otra manera.
Fernando y Luciano
LEY ELECTORAL ESPAÑOLA
En España para el Congreso tenemos un sistema electoral que pertenece a los llamados proporcionales que funcionan mediante listas. El elector vota una lista que es cerrada (no se puede añadir nombres de otras listas) y bloqueada (no se puede cambiar el orden de los nombres de la lista). Resultan elegidos unos candidatos de cada una de las listas en proporción al número de votos que haya recibido cada lista.
Los graves defectos que ofrece este sistema electoral son tres: la deficiente representatividad del sistema en su conjunto; la deficiente libertad del elector que tiene que elegir entre listas bloqueadas y cerradas; la deficiente proporcionalidad de la relación entre escaños o puestos en el parlamento y votos.
Lo que el sistema electoral español permite es que el pueblo elija una vez cada cuatro años (o antes) qué persona o qué partido va a encargarse de gobernar el Reino. Precisamente la preocupación de que las elecciones sirvan para designar un Gobierno fue el argumento para adoptar en las primeras elecciones democráticas de junio de 1977 -y mantener luego- el método D'Hondt que prima a los partidos mayoritarios.
El segundo de los defectos: la poca libertad del votante al tener que elegir entre listas cerradas y bloqueadas (excepto en el caso del Senado que la lista es abierta pues cada votante puede hacer su propia lista). Son los partidos y, todavía peor, las jerarquías de los partidos quienes controlan las elecciones -controlan las listas de candidatos- y controlan a los elegidos. Al pueblo sólo le queda aprobar o rechazar lo que hagan o propongan los partidos.
Es muy conocida la crítica a la proporcionalidad de nuestro sistema electoral. No es necesario repetirla. Para los propósitos de este artículo nos basta con recordar, a modo de ejemplo y redondeando los números, que en las pasadas elecciones de 2000 al PP le ha "costado" un escaño por Soria 15.796 votos, mientras que ha tenido que "pagar" por cada escaño de Madrid 84.887 votos, lo cual equivale a decir que el voto de un soriano vale cinco veces más que el voto de un madrileño; que en Barcelona el PSC-PSOE ha conseguido 12 escaños con 903.792 votos, lo que equivale a decir que ha "pagado" 75.316 votos por escaño, mientras que la ERC con 130.000 votos sólo ha conseguido un escaño: si hacemos una media general de los votos obtenidos en el conjunto del Reino, cada diputado del PP tiene tras sí 55.903 votos, mientras que el único diputado de ERC está respaldado por 193.626 votos y al único diputado del Partido Andalucista le respaldan 205.733 votos. Izquierda Unida con 1.253.859 votos consigue 8 escaños, mientras que Convergencia y Unión con 964.990 votos consigue 15 y el PNV con 351.816 votos consigue 7. Es evidente que no es democrático -porque la democracia se basa en el principio de la igualdad- que un votante del PNV valga como cuatro de IU. Algo funciona mal en el sistema electoral español.
Hay además otro problema del que se habla poco. Es el problema de lo que técnicamente se llaman los "restos", es decir, los votos legal y efectivamente emitidos, pero que no han encajado en los cauces del sistema electoral y, consiguientemente, no han tenido efectos electorales. Son votos no utilizados o perdidos. He aquí un tema importante para reflexionar. Tendríamos que empezar reconociendo que en todo sistema electoral puede haber unas pérdidas justificadas o razonables, pues razonable parece lo dispuesto en el art. 163, 1, a) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: no se tienen en cuenta aquellos votos que han ido a "candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3 por ciento de los votos válidos emitidos en la circunscripción".De modo general y aproximado se puede afirmar que en las pasadas elecciones más de 1.000.000 de votantes (eliminados ya los votantes marginales) se han quedado sin representantes en virtud del vigente sistema electoral; queremos decir que más de 1.000.000 de votantes han emitido su voto legalmente, pero el sistema electoral no les ha dado cabida. Lo que podríamos llamar violencia institucional del sistema electoral, esto es, la constricción práctica de la libertad del votante, es tan clara que, para salir al paso a este problema, se ha inventado la expresión, e incluso la teoría, del "voto útil". La teoría del "voto útil" le dice al votante: "Si Vd. vota la opción que realmente le gusta, si Vd. vota con plena libertad, su voto se pierde, su voto es inútil; vote a nuestro partido, aunque le guste menos, para que su voto sirva para algo".El elector puede pensar que, en la inmensa mayoría de los casos, un voto más o menos no cambia el resultado; que si se hubiera quedado en casa, los resultados hubieran sido los mismos. Todavía puede ser mayor la sensación de inutilidad e impotencia cuando el votante, pasadas ya las elecciones, sigue la gestión de sus representantes en las Cortes. Difícilmente el votante se identifica con el resultado de una votación en cualquiera de las dos cámaras representativas y difícilmente se siente responsable de haber contribuido a dicho resultado. Una vez terminadas las elecciones, el ciudadano pasa de votante a espectador.
Decimos que nuestra democracia representativa es imperfecta. Decimos todavía más: buena parte de esta imperfección democrática es insuperable en cualquiera de los sistemas electorales hasta ahora empleados, incluso si los reformamos. Ahora bien, ¿estamos obligados a seguir empleando estos sistemas electorales? No. Las cosas pueden ser de otra manera.
Fernando y Luciano
LEY ELECTORAL ESPAÑOLA
En España para el Congreso tenemos un sistema electoral que pertenece a los llamados proporcionales que funcionan mediante listas. El elector vota una lista que es cerrada (no se puede añadir nombres de otras listas) y bloqueada (no se puede cambiar el orden de los nombres de la lista). Resultan elegidos unos candidatos de cada una de las listas en proporción al número de votos que haya recibido cada lista.
Los graves defectos que ofrece este sistema electoral son tres: la deficiente representatividad del sistema en su conjunto; la deficiente libertad del elector que tiene que elegir entre listas bloqueadas y cerradas; la deficiente proporcionalidad de la relación entre escaños o puestos en el parlamento y votos.
Lo que el sistema electoral español permite es que el pueblo elija una vez cada cuatro años (o antes) qué persona o qué partido va a encargarse de gobernar el Reino. Precisamente la preocupación de que las elecciones sirvan para designar un Gobierno fue el argumento para adoptar en las primeras elecciones democráticas de junio de 1977 -y mantener luego- el método D'Hondt que prima a los partidos mayoritarios.
El segundo de los defectos: la poca libertad del votante al tener que elegir entre listas cerradas y bloqueadas (excepto en el caso del Senado que la lista es abierta pues cada votante puede hacer su propia lista). Son los partidos y, todavía peor, las jerarquías de los partidos quienes controlan las elecciones -controlan las listas de candidatos- y controlan a los elegidos. Al pueblo sólo le queda aprobar o rechazar lo que hagan o propongan los partidos.
Es muy conocida la crítica a la proporcionalidad de nuestro sistema electoral. No es necesario repetirla. Para los propósitos de este artículo nos basta con recordar, a modo de ejemplo y redondeando los números, que en las pasadas elecciones de 2000 al PP le ha "costado" un escaño por Soria 15.796 votos, mientras que ha tenido que "pagar" por cada escaño de Madrid 84.887 votos, lo cual equivale a decir que el voto de un soriano vale cinco veces más que el voto de un madrileño; que en Barcelona el PSC-PSOE ha conseguido 12 escaños con 903.792 votos, lo que equivale a decir que ha "pagado" 75.316 votos por escaño, mientras que la ERC con 130.000 votos sólo ha conseguido un escaño: si hacemos una media general de los votos obtenidos en el conjunto del Reino, cada diputado del PP tiene tras sí 55.903 votos, mientras que el único diputado de ERC está respaldado por 193.626 votos y al único diputado del Partido Andalucista le respaldan 205.733 votos. Izquierda Unida con 1.253.859 votos consigue 8 escaños, mientras que Convergencia y Unión con 964.990 votos consigue 15 y el PNV con 351.816 votos consigue 7. Es evidente que no es democrático -porque la democracia se basa en el principio de la igualdad- que un votante del PNV valga como cuatro de IU. Algo funciona mal en el sistema electoral español.
Hay además otro problema del que se habla poco. Es el problema de lo que técnicamente se llaman los "restos", es decir, los votos legal y efectivamente emitidos, pero que no han encajado en los cauces del sistema electoral y, consiguientemente, no han tenido efectos electorales. Son votos no utilizados o perdidos. He aquí un tema importante para reflexionar. Tendríamos que empezar reconociendo que en todo sistema electoral puede haber unas pérdidas justificadas o razonables, pues razonable parece lo dispuesto en el art. 163, 1, a) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: no se tienen en cuenta aquellos votos que han ido a "candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3 por ciento de los votos válidos emitidos en la circunscripción".De modo general y aproximado se puede afirmar que en las pasadas elecciones más de 1.000.000 de votantes (eliminados ya los votantes marginales) se han quedado sin representantes en virtud del vigente sistema electoral; queremos decir que más de 1.000.000 de votantes han emitido su voto legalmente, pero el sistema electoral no les ha dado cabida. Lo que podríamos llamar violencia institucional del sistema electoral, esto es, la constricción práctica de la libertad del votante, es tan clara que, para salir al paso a este problema, se ha inventado la expresión, e incluso la teoría, del "voto útil". La teoría del "voto útil" le dice al votante: "Si Vd. vota la opción que realmente le gusta, si Vd. vota con plena libertad, su voto se pierde, su voto es inútil; vote a nuestro partido, aunque le guste menos, para que su voto sirva para algo".El elector puede pensar que, en la inmensa mayoría de los casos, un voto más o menos no cambia el resultado; que si se hubiera quedado en casa, los resultados hubieran sido los mismos. Todavía puede ser mayor la sensación de inutilidad e impotencia cuando el votante, pasadas ya las elecciones, sigue la gestión de sus representantes en las Cortes. Difícilmente el votante se identifica con el resultado de una votación en cualquiera de las dos cámaras representativas y difícilmente se siente responsable de haber contribuido a dicho resultado. Una vez terminadas las elecciones, el ciudadano pasa de votante a espectador.
Decimos que nuestra democracia representativa es imperfecta. Decimos todavía más: buena parte de esta imperfección democrática es insuperable en cualquiera de los sistemas electorales hasta ahora empleados, incluso si los reformamos. Ahora bien, ¿estamos obligados a seguir empleando estos sistemas electorales? No. Las cosas pueden ser de otra manera.
Fernando y Luciano
LEY ELECTORAL ESPAÑOLA
En España para el Congreso tenemos un sistema electoral que pertenece a los llamados proporcionales que funcionan mediante listas. El elector vota una lista que es cerrada (no se puede añadir nombres de otras listas) y bloqueada (no se puede cambiar el orden de los nombres de la lista). Resultan elegidos unos candidatos de cada una de las listas en proporción al número de votos que haya recibido cada lista.
Los graves defectos que ofrece este sistema electoral son tres: la deficiente representatividad del sistema en su conjunto; la deficiente libertad del elector que tiene que elegir entre listas bloqueadas y cerradas; la deficiente proporcionalidad de la relación entre escaños o puestos en el parlamento y votos.
Lo que el sistema electoral español permite es que el pueblo elija una vez cada cuatro años (o antes) qué persona o qué partido va a encargarse de gobernar el Reino. Precisamente la preocupación de que las elecciones sirvan para designar un Gobierno fue el argumento para adoptar en las primeras elecciones democráticas de junio de 1977 -y mantener luego- el método D'Hondt que prima a los partidos mayoritarios.
El segundo de los defectos: la poca libertad del votante al tener que elegir entre listas cerradas y bloqueadas (excepto en el caso del Senado que la lista es abierta pues cada votante puede hacer su propia lista). Son los partidos y, todavía peor, las jerarquías de los partidos quienes controlan las elecciones -controlan las listas de candidatos- y controlan a los elegidos. Al pueblo sólo le queda aprobar o rechazar lo que hagan o propongan los partidos.
Es muy conocida la crítica a la proporcionalidad de nuestro sistema electoral. No es necesario repetirla. Para los propósitos de este artículo nos basta con recordar, a modo de ejemplo y redondeando los números, que en las pasadas elecciones de 2000 al PP le ha "costado" un escaño por Soria 15.796 votos, mientras que ha tenido que "pagar" por cada escaño de Madrid 84.887 votos, lo cual equivale a decir que el voto de un soriano vale cinco veces más que el voto de un madrileño; que en Barcelona el PSC-PSOE ha conseguido 12 escaños con 903.792 votos, lo que equivale a decir que ha "pagado" 75.316 votos por escaño, mientras que la ERC con 130.000 votos sólo ha conseguido un escaño: si hacemos una media general de los votos obtenidos en el conjunto del Reino, cada diputado del PP tiene tras sí 55.903 votos, mientras que el único diputado de ERC está respaldado por 193.626 votos y al único diputado del Partido Andalucista le respaldan 205.733 votos. Izquierda Unida con 1.253.859 votos consigue 8 escaños, mientras que Convergencia y Unión con 964.990 votos consigue 15 y el PNV con 351.816 votos consigue 7. Es evidente que no es democrático -porque la democracia se basa en el principio de la igualdad- que un votante del PNV valga como cuatro de IU. Algo funciona mal en el sistema electoral español.
Hay además otro problema del que se habla poco. Es el problema de lo que técnicamente se llaman los "restos", es decir, los votos legal y efectivamente emitidos, pero que no han encajado en los cauces del sistema electoral y, consiguientemente, no han tenido efectos electorales. Son votos no utilizados o perdidos. He aquí un tema importante para reflexionar. Tendríamos que empezar reconociendo que en todo sistema electoral puede haber unas pérdidas justificadas o razonables, pues razonable parece lo dispuesto en el art. 163, 1, a) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: no se tienen en cuenta aquellos votos que han ido a "candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3 por ciento de los votos válidos emitidos en la circunscripción".De modo general y aproximado se puede afirmar que en las pasadas elecciones más de 1.000.000 de votantes (eliminados ya los votantes marginales) se han quedado sin representantes en virtud del vigente sistema electoral; queremos decir que más de 1.000.000 de votantes han emitido su voto legalmente, pero el sistema electoral no les ha dado cabida. Lo que podríamos llamar violencia institucional del sistema electoral, esto es, la constricción práctica de la libertad del votante, es tan clara que, para salir al paso a este problema, se ha inventado la expresión, e incluso la teoría, del "voto útil". La teoría del "voto útil" le dice al votante: "Si Vd. vota la opción que realmente le gusta, si Vd. vota con plena libertad, su voto se pierde, su voto es inútil; vote a nuestro partido, aunque le guste menos, para que su voto sirva para algo".El elector puede pensar que, en la inmensa mayoría de los casos, un voto más o menos no cambia el resultado; que si se hubiera quedado en casa, los resultados hubieran sido los mismos. Todavía puede ser mayor la sensación de inutilidad e impotencia cuando el votante, pasadas ya las elecciones, sigue la gestión de sus representantes en las Cortes. Difícilmente el votante se identifica con el resultado de una votación en cualquiera de las dos cámaras representativas y difícilmente se siente responsable de haber contribuido a dicho resultado. Una vez terminadas las elecciones, el ciudadano pasa de votante a espectador.
Decimos que nuestra democracia representativa es imperfecta. Decimos todavía más: buena parte de esta imperfección democrática es insuperable en cualquiera de los sistemas electorales hasta ahora empleados, incluso si los reformamos. Ahora bien, ¿estamos obligados a seguir empleando estos sistemas electorales? No. Las cosas pueden ser de otra manera.
Fernando y Luciano
A lei electoral española promulgada coa constitución de 1978 é unha das máis amplas que se tivera ata entón e que tivemos ata agora. Trátase dunha lei que recoñece o sufraxio universal para a elección de gobernantes, establecendo a maioría de idade e a capacidade de voto ós 18, novidade con respecto á Constitución de 1931.
Que noooo!
Anarquía!! xDD
Xao!
Cris, Fátima e Diego
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