Mamá, ¿me lees un artículo...?

A constitución que celebramos...ten marxe de mellora

El País sábado, 6 de diciembre de 2008

Editorial:

Mejorar la Constitución

PP y PSOE deben pactar tres cambios: sucesión a la Corona, Senado y facilitar futuras reformas

 A los 30 años de la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978, ¿es el momento de introducir las reformas de las que se viene hablando? Durante bastantes años la posición favorable a la reforma (inicialmente defendida por Alianza Popular) fue minoritaria entre los políticos, especialmente los socialistas, y también entre los expertos constitucionalistas. La razón era que, una vez abierto el proceso de reforma, cada partido propondría cambiar cosas diferentes, o las mismas en sentido diferente, y ello pondría en riesgo el consenso alcanzado en su momento en torno al texto vigente.

Hacia mediados de los noventa, sin embargo, Aznar, nuevo líder del partido fundado por Fraga, era partidario de la reforma, y precisamente en el sentido de convertir al Senado en una verdadera cámara de representación territorial, en términos similares a los que plantearía el PSOE de Zapatero en 2004. Pero, para entonces, Aznar había cambiado y era contrario a cualquier modificación. Más tarde, su sucesor, Rajoy, fue partidario de una reforma que recuperase para el Estado competencias transferidas a las comunidades. Los expertos están hoy mayoritariamente a favor de la reforma, entre otros motivos, por la importancia de renovar generacionalmente la legitimación de la norma fundamental. Pero no acaban de estarlo respecto a los contenidos de la reforma.


Quiere decirse que ha habido posturas cambiantes, que las reformas sugeridas han tenido que ver casi siempre con el problema autonómico y que, salvo un ligerísimo cambio sobre el derecho a voto de los ciudadanos de la UE en las elecciones municipales, no se han introducido modificaciones ni siquiera cuando existía un amplio consenso a favor, como es el caso de la eliminación de la preferencia por el varón en la sucesión a la Corona. Esto se debe a que esta reforma, como, entre otras, las relativas a cuestiones como la lengua, la mención a "nacionalidades y regiones" o la relativa a la función de las Fuerzas Armadas, requiere aplicar un procedimiento reforzado (artículo 168) tan exigente (mayoría de dos tercios en ambas Cámaras, elecciones anticipadas, nueva mayoría cualificada, referéndum) que resulta abiertamente disuasorio.
Esto ha llevado a plantear que la principal reforma a abordar sería la eliminación de ese artículo 168, manteniendo el 167, menos exigente. Pues ya no es lógico mantener un corsé tan rígido. El consenso es conveniente, pero no debe convertirse en un derecho de veto de cualquiera de los dos grandes partidos a reformas razonables. Sin embargo, sería un fraude de ley utilizar la vía del 167 para eliminar o modificar el 168, por lo que lo lógico sería aprovechar la primera reforma que requiriera el procedimiento reforzado para cambiar también ese artículo.
¿Qué otras reformas? La que suscita mayor acuerdo (aparte la de la sucesión a la Corona) es la del Senado. Se trata de dar cauce al otro aspecto del autonomismo (además de la descentralización): la participación de las autonomías en la conformación de la voluntad del Estado. En múltiples problemas (desde la representación en la UE hasta la gestión de las cuencas fluviales) se ha echado en falta una institución que armonice intereses y aspiraciones territoriales.
Una reforma reformista sería, entonces, la de plantear en una misma propuesta consensuada entre PP y PSOE la reforma de la sucesión y la del Senado junto a la del procedimiento de reforma; y dejar para cuando ésta sea menos complicada las otras que están sobre la mesa: los nombres de las comunidades autónomas, la circunscripción electoral, la mención a la Iglesia católica, el voto inmigrante, la definición del matrimonio o el estatus de la lengua oficial del Estado y de las demás lenguas cooficiales en algunas comunidades.

Lectura somera de la Constitución

He pasado hoy el día en cama, con un resfriado monumental. Me he entretenido leyendo a picoteos, de modo somero, parte de la Constitución, que hoy cumple 33 años y ha sido celebrada en el Congreso de los Diputados por los dos grandes partidos.
No son delirios de mi fiebre, os lo aseguro: Me he encontrado con esto:
-El artículo 1, el mismísimo artículo 1 de la Constitución, dice: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. La igualdad, sí, has leído bien; la igualdad como una de las cuatro patas fundamentales, y hace un año salió un informe de la OCDE que decía que la brecha entre ricos y pobres está ahora en su mayor nivel de los últimos 30 años y que la desigualdad se sitúa en España por encima de la media de la OCDE.
-Los sindicatos, tan cuestionados y combatidos estos últimos años por otros agentes públicos (algunos partidos, por ejemplo), son citados en la Constitución, como parte de nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 7, uno después que los partidos políticos, sí, pero uno antes que las Fuerzas Armadas y 9 antes que la Iglesia católica, por ejemplo.
-Hay un artículo, el 31, que dice así: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. La negrita es mía, pero la cita es literal.
-El artículo 35 -redactado, como todo el texto constitucional, en 1978- es hoy muy oportuno. Dice esto: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.
-Y el 37, ni te lo comento. Dice: “La Ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios”.
-El 40 viene sembrado. Agárrate: “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo”. Os juro que no dice “orientada al control del déficit público”, dice “orientada al pleno empleo”.
- El 47 no se queda atrás, no; parece fruto de una enmienda del 15-M: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Y añade, tras un punto y aparte: “La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Os aseguro que lo dice, creedme.
Todo lo que os cuento está en el Título Preliminar y el Título I de la Constitución, que se titula “De los derechos y deberes fundamentales”. Hasta ahí he llegado, mi lamentable estado de salud no me permiten afrontar los otros nueve Títulos, lo siento. (Bueno, miento. Me ha dado tiempo a ver, en el Título II, que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, pero de sus yernos no dice nada).

Memoria de España. A década moderada (1843-1854)

Recortando do documental Memoria de España esta presentación do primeiro periodo moderado na maiorñia de idade de Isabel II

"La Pepa me importa un pito"(Fernando VII)

De Los desastres de la Guerra (Mario Camus, 1985).  

Cliphistoria

La revolución española

El Estado de las autonomías. Santos Juliá

Fracaso y ficción del Estado de las autonomías

Hay que someter a una dura crítica las prácticas seguidas por sus respectivas clases políticas en relación con la administración, los servicios, los recursos, las finanzas de cada Comunidad Autónoma

  Santos Juliá 6 MAY 2012 - 00:02 CET

No hay nada como los momentos de desmoralización y crisis profunda para cultivar el género, de gran arraigo por estas tierras, de la anomalía, la excepción y el fracaso de España. Consiste en buscar en el pasado algún desvío del camino que tendríamos que haber seguido
como la causa, por traición o incompetencia, de nuestros grandes males. A este ejercicio se entregaron nuestros padres, por la guerra civil; y los padres de nuestros padres, por el desastre del 98, y así hasta los tiempos abiertos por la Constitución de 1812 y de inmediato clausurados por un rey felón llamado Fernando. Doscientos años después, se diría que la rueda vuelve a girar con parecidos lamentos sobre tantas expectativas derrumbadas. ¿Qué habremos hecho tan mal como para merecer esta especie de desolación que nos invade? En Madrid y en Barcelona, por una vez de acuerdo, parecen haber dado con la clave: el Estado de las Autonomías, he ahí la raíz del problema. Lo ha dicho Esperanza Aguirre: el Estado autonómico ha fracasado. Y lo ha repetido Artur Mas: las autonomías son una ficción. Si solo se hubiera reconocido el hecho diferencial de Cataluña y Euskadi, las dos únicas naciones verdaderas, otro gallo nos cantaría. Pero como en la transición, por miedo, amnesia y silencio, se impuso el café para todos, ahora nos encontramos con un Estado insostenible. Y así no se puede seguir.
¿De verdad que si liquidamos el Estado construido en estas tres décadas y media encontraremos el remedio de nuestra decadencia y fracaso? Para empezar por el principio: el Estado de las Autonomías no fue un invento de la transición. Lo fue, en realidad, de la comisión jurídica asesora que preparó el anteproyecto de Constitución de la República, y de la comisión parlamentaria que lo recogió en su proyecto y del pleno de las Cortes constituyentes que lo aprobó el 9 de diciembre de 1931. El problema era el mismo: abrir un cauce a la ya por entonces famosa “cuestión catalana”; y la fórmula fue idéntica: abrir ese cauce exigía otra organización territorial del Estado. Eso fue lo que hicieron los constituyentes de 1931; eso fue lo acordado por los partidos de la oposición democrática en sus encuentros en Barcelona con la Assemblea de Catalunya y el Consell en mayo de 1976, y eso fue lo que repitieron las Cortes de 1978 en el Título VIII de la vigente Constitución.
Resume esta larga historia, en 1978 como en 1931, la constatación de que el reconocimiento del hecho diferencial de Cataluña dentro del Estado español (otra cosa es si los catalanes, hastiados de tanto partido del siglo, quisieran irse) exige extender a todas las “provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes” (art. 11 CRE 1931, art. 143.1 CE 1978) la posibilidad de organizarse en “región autónoma”, como en 1931, o en “comunidad autónoma”, como en 1978. La diferencia consistió en que mientras aquella Constitución de la República enunciaba estrictamente las competencias respectivas, esta de ahora admite que casi todo es negociable.
La cuestión entonces no radica en darse golpes de pecho por lo que se debía haber hecho y no se hizo. La cuestión radica en diagnosticar qué hemos hecho con lo que entonces hicimos, o sea, en situar la responsabilidad en cada momento del itinerario que nos ha traído hasta aquí y en sus protagonistas. Nadie impuso a los gobiernos de las comunidades autónomas multiplicar las televisiones públicas, crear entes autónomos a cargo del presupuesto, reproducir la estructura del Estado, dedicar el dinero de los ERE a la pensión de la suegra, contratar al Bigotes para recibir al Papa, utilizar las Cajas de Ahorros para financiar proyectos faraónicos, autorizar planes urbanísticos de destrucción de las costas… Todo esto ha ocurrido en el Estado de las Autonomías, pero la responsabilidad no es del tipo de Estado sino de la clase política que lo ha administrado.
¿Hay remedio? Quizá, pero no destruyendo el Estado autonómico para poner en su lugar no se sabe qué, sino sometiendo a una dura crítica las prácticas seguidas por sus respectivas clases políticas en relación con la administración, los servicios, los recursos, las finanzas de cada comunidad autónoma. Cierto, esta que vivimos es una crisis grande, pero de nada servirá elevar los acuerdos de 1978 sobre la organización territorial del Estado a la categoría de Gran Culpable con el ilusorio propósito de corregir el desvío en que Aguirre y Mas, Madrid y Barcelona, han situado al unísono el origen del daño.

A IIªREPÚBLICA

A SAÍDA DEMOCRÁTICA Á CRISE: IIª REPÚBLICA

A DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

A SAÍDA AUTORITARIA Á CRISE: DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

De linguas e cocktails( a lingua é un cocktail) "Estar al liquindoi"

En la zona de Cádiz se utiliza mucho una expresión "estar al liquindoi". Es posible que esta expresión provenga del inglés, o del "llanito", debido a la cercanía de La Línea con Gibraltar.

Según algunas teorías es  la adaptación fonética de la frase inglesa: look and do it (= vigila y hazlo). (...) Estar al liquindoi es lo que hace el guachimán, la traducción portuaria del watching man, el que vigilaba para que no robaran las mercancías.

La expresión inglesa, "Look and do it", que traducido al español podría ser algo así como: "Mira y hazlo", o "fíjate y lo haces" posiblemente fue asimilada por los antiguos trabajadores españoles en el peñón de Gibraltar, que iban allí a aprender oficios y los jefes, o quienes les enseñaban les decían : "look and do it", "look and do it".
 Esta es sólo una teoría que explicaría el origen,según otros esta palabra viene de la convivencia entre marinos británicos y gaditanos en Cádiz; cuando hacían guardia en los torreones, debían mirar abajo (a la costa), por lo que decían: "looking down". Su pronunciación en gaditano es más "luquindoun" que derivó en "liquindoi". 
  
El cóctel del Doce se llama 'Al Liquindoi'

Pues bien, la discoteca Holiday de Cádiz acogió un certamen para elegir el combinado que representará al Bicentenario.Una expresión tan típica de Cádiz como Al liquindoi es el nombre del cóctel que representará al Bicentenario de la Constitución de 1812. Elaborado por el joven gaditano Alejandro Jiménez Pérez con productos de la provincia, ha sido seleccionado entre los 20 combinados se presentaron ayer en la discoteca Holiday al certamen provincial de coctelería organizado por la Federación de Empresarios de Hostelería de la Provincia de Cádiz (HORECA) y la Asociación de Barman de Cádiz.

Brandy de Jerez, Ponche Caballero de El Puerto de Santa María, un poco de licor de cacao, helado de vainilla de la Ibense Bornay y sirope de chocolate como adorno son los ingredientes con los que Alejandro Jiménez ha creado su cóctel de "sabor dulzón", como él mismo definía. Comentaba que "en el paladar se nota más el sabor del ponche, pero al bajar por la garganta, se va apreciando más el brandy; siempre con la esencia del helado". Apuntaba que "el licor de cacao intensifica el sabor de la vainilla".

Para Alejandro Jiménez, que iba representando al Hotel Barrosa Garden, este premio ha sido "una sorpresa muy grata". "No me lo esperaba porque es la primera vez que me presento a un concurso de cócteles", reconocía.

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz2012/1232463/coctel/doce/se/llama/liquindoi.html